LA DESAPARICIÓN FORZADA: DELITO IMPUNE EN MÉXICO
José Enrique González Ruiz

 

El perpetrador de crímenes de lesa humanidad
sabe que en México tiene asegurada la impunidad.
 
Ninguno jala la cobija para que no lo descobijen

En otros países del continente latinoamericano se ha juzgado a criminales de lesa humanidad; así ocurre en naciones que tuvieron dictaduras militares como Argentina, Uruguay y Guatemala. Los correspondientes pueblos han tenido la satisfacción (pequeña pero importante) de ver en la cárcel a delincuentes de pedigrí, incluyendo a militares de alto rango que accedieron violentamente al poder y lo ejercieron con métodos salvajes. Ciertamente, no se ha logrado llevar a juicio a ningún estadounidense, que como Henri Kissinger han sido autores intelectuales de delitos atroces, porque es aún muy fuerte el imperio; aunque todo apunta a que un día los veremos en el banquillo de los acusados.

Pero en México no ha habido un solo caso de encarcelamiento de algún perpetrador de genocidio (como se acusa a Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo), o de desaparición forzada de persona (como se señala a Mario Arturo Acosta Chaparro), o de etnocidio (como se imputa a Ernesto Zedillo Ponce de León), o de ejecuciones extrajudiciales (como se atribuye a Carlos Salinas de Gortari). Las detenciones que se han hecho, como la de Miguel Nazar Haro, terminaron en vergonzosas sentencias exculpatorias. No hay que perder de vista que la impunidad la ha prestado el conjunto del aparato del Estado, pues han intervenido en ello instancias del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Todos los poderes estatales se han confabulado para que ninguno de los responsables de delitos internacionales sea castigado.   

En un tiempo, México presumió en el extranjero de su sistema político y de administración de justicia. Hoy recibe críticas en el ámbito universal y recibe el trato de país violador sistemático de los Derechos Humanos. La corrupción que recorre todas las estructuras de gobierno es causa de que nadie crea en los jueces ni en ningún otro funcionario (aunque eufemísticamente les llamen "servidores públicos").

Nadie que preste servicios al poder se anima a juzgar a otro de sus iguales, por el temor a que mañana hagan lo mismo con él. Funciona una especie de pacto no escrito entre los miembros de la clase política: si tú me proteges, yo haré lo mismo.

Nunca se han investigado en serio las desapariciones forzadas

Las víctimas de desaparición que lograron escapar del infierno, así como los familiares de aquellos que aún están desaparecidos por la fuerza del Estado, se han dirigido a las autoridades para lograr tres cosas: Verdad, Justicia y Reparación. Estos tres propósitos se conjugan en otro: guardar la memoria Histórica. Lo que piden esencialmente es la presentación con vida de quienes sufren ese flagelo, basado en un razonamiento muy sencillo: si se los llevaron vivos, vivos tienen que ser presentados.

Los gobiernos de México siempre han evadido el asunto, mediante diversos subterfugios: desde ignorar totalmente los hechos, hasta señalar que se trata de invenciones para desprestigiarlos, pasando por diversos grados de aceptación, pero siempre indagando las denuncias como si se tratara de secuestros.

El andamiaje jurídico que se tiene a la mano es bastante deficiente para hacer frente a este tipo de hechos: no tenemos el reconocimiento oficial de la constitucionalidad de los Derechos Humanos y seguimos hablando de Garantías Individuales; los jueces se niegan a aplicar las disposiciones de los tratados internacionales; la divulgación de éstos es bastante pobre; se desconoce en la práctica jurídica los conceptos de Derecho Internacional Humanitario; se manejan argumentos como el de la soberanía nacional para oponerlo a los avances en Derechos Humanos; se contrapone el disfrute de estos derechos con la seguridad pública y nacional; la migración sigue siendo tratada como delincuencia; los privilegios de los poderes fácticos siguen estando encima de los derechos de la población; la Corte que debiera ser Suprema debate si cumple o no las sentencias de los tribunales internacionales; y un largo etcétera.

Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da al tema de la desaparición forzada un tratamiento indebido: primero le antepuso el epíteto de “presuntos” a quienes se señaló como desaparecidos y luego llamó a constituir una Fiscalía Especial que culminó en un estruendoso fiasco. Pero, por otro lado, en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados como militantes por el Ejército Popular Revolucionario, produjo una importante Recomendación que puede servir para resolver a fondo el asunto, develando lo que realmente ocurrió (quienes intervinieron en la desaparición forzada, cómo intervino cada uno de los actores, cuándo se han dado los hechos que conforman este delito continuado y dónde se les detuvo y se les retiene ilegalmente.

Cuando la CNDH recomendó que se presentara con vida a los detenidos desaparecidos del EPR, el gobierno reaccionó de diversas maneras: el municipal de Oaxaca no aceptó la Recomendación, lo mismo que el estatal a cuyo frente estaba Ulises Ruiz Ortiz, en tanto que el federal se trató de proteger diciendo que ha realizado las conductas que está obligado a realizar y que por eso ya cumplió lo recomendado.

A estas alturas, cualquier pretexto es baladí. El gobierno federal tiene que actuar pronto y bien para que sepamos la verdad en el caso de los eperristas y se posibilite, con ello, entrar a la indagación verdadera de todas las desapariciones ocurridas en México.

Lo que falta es mucho

Para encontrar la justicia en relación con las desapariciones forzadas en México, tenemos grandes pendientes. Claro que es muy importante el trabajo que han hecho las organizaciones de familiares y muchos de ellos en lo personal, los organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y otras instancias de la sociedad. Pero los pendientes todavía son importantes:

a)    Carecemos de una ley que dé marco a la persecución y castigo de este reprobable crimen.

b)   Las instancias de procuración de justicia no muestran el menor interés en cumplir adecuadamente la parte de la tarea que les corresponde.

c)    Los jueces y tribunales son repelentes a todo lo que tenga qué ver con la Guerra Sucia y sus efectos.

d)   Este tipo de problemas casi no tiene espacio en los medios masivos de información.

e)    Desde abajo tenemos que cambiar las circunstancias, para que al momento en que se inicien los juicios – que deberán ser justos- contra los perpetradores, haya posibilidades reales de alcanzar lo que la sociedad demanda.

Como hoy se grita en silencio que “Estamos hasta la Madre”, pongamos fin a la terrible práctica de los gobernantes de desaparecer a las personas.