Viraje de Peña Nieto

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto cumplió dos años de su mandato constitucional.

Su primer año trascendió por haber logrado reformas estructurales que en lo futuro transformarán a nuestro país en la medida que se traduzcan en acciones de gobierno.

Sin embargo, este año su gobierno vive una difícil situación de crisis de credibilidad institucional. Los acontecimientos trágicos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero de todos conocidos fue el detonante que puso al descubierto la crisis del estado de derecho, es decir la filtración de las bandas del crimen organizado en los ayuntamientos, célula básica de nuestro sistema federalista y republicano; el evidente clientelismo electoral de los partidos políticos al postular a personajes de dudosa reputación a los puestos de elección popular.

Agreguemos a lo anterior el clamor popular manifestado en las calles exigiendo justicia pronta y expedita; respeto a los derechos humanos; la exigencia de combatir la corrupción pública y el tráfico de influencias; y transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno.

A estas demandas populares el presidente Peña Nieto se vio obligado a tomar medidas urgentes que, de no hacerlo se pondría en riesgo la gobernabilidad de nuestra Nación. Entre las medidas de emergencia anunciadas por el mandatario federal destacan:

1.-Reformar el Artículo 115 Constitucional cuya finalidad es desaparecer las Policías Municipales y crear el Mando Único en las 32 Policías Estatales. Asimismo cuando algún municipio sea ingobernable intervendrá el Gobierno Federal al rescate de su gobernabilidad.

2.-Poner a disposición de los ciudadanos el teléfono 911 en todo el país al cual se recurrirá en casos de emergencia.

3.-Se entregará a cada persona su clave única de identidad.

4.-Se creará un banco nacional de información genética que servirá para identificar a personas desaparecidas.

5.-El presidente Peña Nieto hizo suya la iniciativa del Partido Acción Nacional de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la que operará con una fiscalía Nacional autónoma. Su propósito será investigar y sancionar administrativa o penalmente todos los actos de corrupción, tráfico de influencias, conflictos de intereses, opacidad en la licitación de los contratos de obra pública, desviación de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable de los servidores públicos.

Estas y otras iniciativas presidenciales serán viables si toda la clase política y las élites empresariales se comprometen a cumplirlas.

Evidentemente la manera de comprobarlo serán los resultados.

¿De qué sirve crear miles de leyes anticorrupción si en los hechos seguimos observando la impunidad cínica y descarada de los servidores públicos como así ocurre en distintos Estados del país? si se pretende limpiar al país hay que empezar por la propia casa.

Otra iniciativa presidencial que me parece congruente con su propósito de combatir al crimen organizado es atemperar la desigualdad social en regiones de alta marginalidad. Anunció el Presidente Peña Nieto  que cuatro Estados sureños serán la prioridad en inversión pública para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La pobreza extrema, la falta de educación y empleo de los jóvenes son el caldo de cultivo del hampa organizada.

Así pues el grito de todos somos Ayotzinapa no será acallado mientras nuestros gobernantes y toda la clase política no prediquen con el ejemplo.

Recuperar la credibilidad en nuestras instituciones no basta con anunciar un discurso de buenos propósitos. El pueblo exige resultados.

De concretarse estas disposiciones presidenciales el cabildo de Tepic y su alcalde Leopoldo Domínguez se verán obligados a reconsiderar su posición de no adherirse al llamado del Gobernador del Estado al mando único en seguridad pública.