Tepic, Nayarit, viernes 29 de marzo de 2024

La narcopolítica

Francisco Cruz Angulo

12 de diciembre de 2014

En el curso de esta quincena el Congreso de la Unión deberá aprobar con modificaciones o no el decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto en el que propone reformas constitucionales que buscan fortalecer el Estado de Derecho, entre las que destacan la desaparición de las Policías Preventivas Municipales y luego crear el mando único en 32 Policías Estatales.

El argumento de esta iniciativa presidencial consiste en que las policías municipales han sido copadas por el crimen organizado y, por lo tanto no garantizan la seguridad de los ciudadanos.

El PAN tiene serias dudas, que esta medida centralista termine con el problema de la inseguridad y la violencia.

Señala que no se debe medir con la misma vara a todos los cuerpos policiacos municipales en el país. Existen entidades de la república en donde sus municipios son bien resguardados por sus cuerpos de seguridad como hoy ocurre en Nayarit.

Proponen los panistas que en todo caso debería legislarse para que el Gobierno Federal solo interviniera en aquellos municipios en donde las fuerzas del orden hayan sido rebasadas por las bandas delincuenciales, así como lo viene haciendo en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

Sobre esta propuesta ni el presidente de la república ni los partidos políticos tocan un tema fundamental, es decir, el fenómeno de la narcopolítica.

Durante décadas se luchó contra un régimen de partido único que era juez y parte en los procesos electorales.

Después de esa larga lucha de amplios sectores de la población se logró que la elección de candidatos a los puestos de elección popular la decidieran los ciudadanos en las urnas mediante el sufragio efectivo. Así arribamos al pluralismo político en el Congreso de la Unión en estados y municipios y la alternancia de partido en la presidencia de la república en el 2000. Fue, sin duda un salto cualitativo en nuestro sistema democrático.

Todos pensamos que arribamos a la civilidad política y que nuestras instituciones se fortalecieron.

Sin embargo no fue así. Al tener acceso los partidos políticos al poder vino el clientelismo electoral, en donde las candidaturas a los puestos de elección popular fueron utilizadas como moneda de cambio. Los  partidos políticos en su afán de acceder al poder no postularon a sus mejores cuadros políticos sino a personajes  que disponían de suficientes recursos financieros para hacerse populares y ganar elecciones, sin importarles el origen de sus fortunas o su biografía personal.

Este frio pragmatismo de los dirigentes partidistas muy lejos de principios ideológicos y éticos fue lo que hizo posible que arribaran a presidencias municipales, diputados locales y hasta uno que otro gobernador como Ángel Aguirre en Guerrero; Fausto Vallejo, en Michoacán, Tomas Yarrington en Tamaulipas y en Tabasco, Andrés Granier.

La tragedia en Iguala, Guerrero fue el detonante de todo este proceso de impunidad y corrupción.

¿Será posible que con la expedición de nuevas leyes en contra de la impunidad y la corrupción se ponga fin a la infiltración del crimen organizado en la política y en nuestras instituciones de procurar y aplicar justicia? Una gran parte de la población no lo cree. Mientras haya gobernadores, presidentes municipales, procuradores, ministerios públicos, jueces, magistrados y partidos políticos  con nexos en lo oscurito con el hampa organizada nuestras instituciones serán frágiles y por lo tanto no garantizan el pleno respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia.

¿Acaso es necesario un cambio de régimen político? Por hoy la narcopolítica es una realidad.

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