El Congreso y la opinión popular

La XXXI Legislatura local, anunció recientemente el impulso de consultas populares a efecto de sacar adelante algunas reformas y leyes coyunturales en pro de la obtención del marco jurídico acorde a las necesidades actuales; que en una primera práctica se perfila con la “Ley de los derechos de adultos mayores”.

Para tal efecto, dio a conocer que se auxiliarían de instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN). “Es precisamente a través de este método cualitativo y cuantitativo –se informó-  que las diputadas y diputados nayaritas contarán con una muestra que permita tener los elementos necesarios para perfeccionar el marco jurídico local, así como la creación de nuevas leyes de acuerdo a las necesidades de los nayaritas”.

Aunque si bien por ley, la representación popular basa su operatividad precisamente en las demandas directas de la sociedad, y así lo establece en concreto el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, a saber: “Es deber de los Diputados visitar en los recesos del Congreso los pueblos del distrito que representen, para informarse:

I. Del estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud pública, así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes.

II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y empleados públicos.

III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y

IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la riqueza pública”;se vuelve igualmente importante fortalecer medidas y procedimientos que conduzcan a una participación social cada vez más práctica y funcional, donde el quehacer legislativo llegue a superar con mucho la concepción generalizada de que la gente es precisamente la que menos cuenta, porque “ya todo está hecho en función de lo que requiere el mantenimiento del sistema en turno”.

Decía el estadista francés George Clemenceau “que lo más seguro consiste en dar a cada quien algo qué defender”, y esto es particularmente cierto en el tema en comento, toda vez que la gente cuando participa y es realmente tomada en cuenta en las decisiones del poder,  surge sin más el respaldo popular; no obstante, cuando no es así, la ausencia de legitimidad solo conduce a crecientes niveles de rechazo y  decepción en circunstancias precarias de resultados imprevisibles.

De conformidad, cuán oportuno es que la democracia constituya una vía imprescindible para generar bienestar colectivo, y que en este caso, las leyes redunden en recordatorios de lo que la sociedad decidió previamente y por consenso cumplir para transitar a una mejor calidad de vida; y asimismo, el Poder Legislativo como parte a su vez, de un engranaje congruente con su hacer y decir y comprometido de veras con la honestidad, la verdad y la legalidad, eleve a rango institucional: cuando se da voz y cauce al sentir de la propia ciudadanía.

La participación popular  pues, solo se genera cuando la gente ve a través de claras y bien confeccionadas políticas comunicacionales (del saber dar para recibir sin mezquindad ni sectarismos), un motivo lo suficientemente sólido,  el cual deriva a su vez de un objetivo genuino que busca la cobertura cabal de sus propias necesidades, nunca de intereses particulares, hegemónicos, de grupo o camarillas, aunque sea con disfraz de bien común, porque eso –está bien visto-  ya no funciona.

La legitimidad la da el respaldo mayoritario del pueblo, ya sea en una elección, o en la reforma o elaboración de una nueva ley, tras encontrarse plenamente convencido de lo que se propugna, porque llega a poseer antecedentes mediatos o de mediano plazo que le permiten inferir en tal dirección; y si no es así, la situación es clara: el pueblo está encuentra en total desacuerdo con lo efectuado; y en ello, ¿realmente existirá argumento de peso válido para decir de todos modos que hay aprobación para actor alguno en el poder, con una escasa participación que refleja indefectiblemente apatía? ¿Habrá mejora alguna cuando en vez de reconocer se insista en peores senderos de negativas, autoengaño y conflictividad?

Entonces, qué bueno que el Poder Legislativo haya decidido dar lugar a la opinión de los nayaritas para robustecer su trabajo, porque no hay mejor vía para la democratización que el hecho de que el pueblo sea quien prácticamente facilite la directriz, no solamente en el terreno de las leyes, sino en todo campo del devenir gubernamental. Por ahora, la XXXI Legislatura comenzó, según precisó, haciendo eco de lo preconizado en su ambicioso Plan de Desarrollo Institucional. ¿Se alcanzarán los resultados programados? Qué bueno que llegue a ser así.