Armonización contable

La XXXI Legislatura local, ha dado apertura a un tema toral en materia de transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos, a través de la propugnada coordinación integral con la federación, toda vez del urgente impulso a su vez de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su consecuente aplicación en cada Entidad federativa.

De conformidad, la diputación local, según se informó puntualmente, recién aprobó en sesión pública ordinaria “el Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit”.

“Dicho Consejo -de acuerdo con los objetivos planteados- es el órgano de coordinación responsable de la armonización de la contabilidad gubernamental de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios del Estado, así como las entidades de la administración pública paraestatal, estatal y municipal, encargado de la difusión y aplicación de las decisiones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo dispuesto por la propia ley en comento”.

Así, en el plano local se sientan las bases para reforzar la correcta operatividad financiera y presupuestal de todo ente de la administración pública,erigiendo al mismo tiempo una estratégica extensión del “centro” para regular de fondo el uso de las rentas en provincias.

De entrada, dicha estructura legal se antoja, como todo lo que se ha justificado en su momento para ponerlo en vigor, de vanguardia en una necesaria respuesta contundente a tal reclamo reiterado de la ciudadanía en pro de un freno que acote de una buena vez la siempre presente tentación de disponer del erario sin responsabilidad alguna, “a impulsos de una voluntad caprichosa”-en el tradicional triunfalismo de la obra material y hasta de la insana impunidad concebida de la adherencia correligionaria- y en consecuencia, los legisladores actuantes en su tiempo y circunstancias cumplen con la encomienda, que consideran digna de un elemento que enriquece significativamente el quehacer legislativo mismo.

Ahora bien, el Congreso local cuenta pues en su haber una coyuntura más para explicitar a intramuros -a través del debate programático,facilitado por la invaluable autonomía y clara pluralidad partidaria- como a extramuros:-por medio de los mecanismos ex profesos contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional- las ventajas de la existencia de un órgano como el Consejo local de Armonización Contable, partiendo de su imprescindible papel que permitirá que todos sin excepción se ciñan a la norma, y en lo sucesivo deje ya  de ser el poder, el modus vivendus de una clase (a)política caracterizada por un preocupante analfabetismo político, democrático, cultural y comunicacional, fuente precisamente del repudio presente hacia el quehacer gubernamental.

Derivado de lo anterior, no hay duda que en la medida que se logre demostrar con argumentos lógicos ante poderes y órdenes de gobierno como ciudadanía en general, que el Consejo no será instrumento punitivo para fiscalizar y cazar detractores en un evidente marco de farisaísmo (de “ver la pajaúnicamente en el ojo ajeno”), como en su antítesis: el funcionamiento débil y a conveniencia, será esta misma que garantizará el éxito preconizado en su propia justificación teórica.

¿Se podrá alcanzar el cometido? La sociedad así lo espera, que si no, lo seguirá demandando con cada vez mayor fuerza. Enhorabuena.