Asamblea del PRI: ¿Clavos al ataúd de la Nación?

En esta semana se inician los trabajos de la 22 Asamblea del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A su celebración han sido convocados los militantes más activos e interesados en el destino del partido: Comité Ejecutivo Nacional, Comités directivos de los estados y de los municipios, los representantes de los poderes legislativos federales y estatales; los representantes de los tres sectores del partido: el obrero, el campesino y el popular así como delegados de las organizaciones adherentes. En fin, como un partido de masas, estarán acreditados más de diez mil delgados quienes podrán participar en las asambleas estatales.  En los debates de las cinco mesas de trabajo, instaladas en diversas ciudades, participaran no más de 500 militantes en cada una y las conclusiones serán presentadas en la sesión plenaria a celebrase en la Ciudad de México.   

La mesa dedicada a examinar los estatutos es la que mayor interés ha despertado en la militancia. Hace treinta años, la Asamblea incorporó a los estatutos los llamados candados de elegibilidad, es decir, se estableció como requisito para ser postulados por el Partido a los principales cargos de responsabilidad política (presidente de la República y gobernadores de los Estados) la de haber sido electo previamente --bajo las siglas del Partido--, para desempeñar un cargo de representación popular, en cualquier momento de su vida política. En aquella ocasión, imperaba en diversos segmentos políticos del Partido el temor de que el presidente Zedillo fuese a postular a un tecnócrata proveniente de las esferas administrativas conectadas con el “poder hacendario”. Ante ese temor, una corriente política al interior del PRI logró la aprobación de los llamados “candados”. Su aprobación concitó la ira de varios miembros del gabinete presidencial: de inmediato reclamaron airadamente lo que calificaban de “monstruosa arbitrariedad atentatoria de los derechos humanos”.

En otra Asamblea se prohibió el sistema “de columpio electoral”, es decir la postulación de cargos de elección popular cuando no concluían el cargo para el que habían sido electos: presidentes municipales que aspiraban ser diputados locales, diputados que aspiraban a ser senadores, y estos que, sin concluir su mandato, aspiraban a ser gobernadores, El tema enardeció a la llamada “clase política profesional” máxime cuando la medida tenía dedicatoria para quienes se “columpiaban” a través de la figura de diputados por la vía plurinominal y senadores de primera minoría, quienes habían ocupado cargos de elección popular sin haber ganado una sola selección a lo largo de 15 años o más.

Con el tiempo, todas estas restricciones fueron desapareciendo con el argumento de facilitar la participación de cuadros políticos “profesionales” con miras a reconquistar la presidencia de la República y evitar su migración a otros partidos. Hoy, este tema de nueva cuenta concentra la atención de los militantes, al extremo de convertir la Asamblea en arena de pelea de algunos miembros del gabinete interesados en bloquear la participación de otros personajes ajenos al clan presidencial.

Es preocupante que la Asamblea concentre su atención en la “elegibilidad” electoral y menosprecie un tema esencial: los postulados y programa de acción del Partido. Han aparecido grupos de activistas vivamente interesados en temas como “el piso parejo” para la postulación de candidatos pero no parece haber interés por asomarse a la realidad de la sociedad donde participan. Dicho con toda llaneza: son grupos interesados en tener un lugar en el carro del poder pero les resulta indiferente el rumbo. Lo repetía incansablemente un priista muy connotado, Pancho Galindo Ochoa: “A esos militantes solo les interesa mamar: y les da lo mismo mamar una teta que un falo. Lo importante es mamar”.  En honor a la verdad, esta conducta no es privativa de los militantes del PRI; en gran medida está extendida a todos los partidos.

Debemos entender que la crisis actual del PRI no es obra de la casualidad; es el saldo de una orientación política y económica de los gobiernos recientes, sumisos tanto a los chantajes del PAN como a las consejas del mundo financiero; no es producto de un humor social adverso como suelen decir los funcionarios, sino el saldo de haber optado por una ruta equivocada, ajena a toda esperanza colectiva.

La Asamblea debe ser ocasión propicia para recobrar el rumbo, reivindicar el pacto social convenido en Querétaro en 1917 y vigente hasta 1982. De otra suerte, con  alianzas y contubernios electorales se puede incluso conseguir el triunfo pero al perseverar en el rumbo, se estarán fijando más clavos en el ataúd de la Nación.

[email protected]