El debate esencial: el papel del Estado

Es inminente la publicación de los nombres de las personas postuladas por los partidos políticos aspirantes a ser presidentes de la República. Dos meses después se definirá quienes reunieron los apoyos ciudadanos suficientes previstos por la Ley Electoral para aparecer en las boletas como candidatos “independientes”. Conforme a la liturgia electoral, en estos meses, harán su aparición las propuestas de cada uno de ellos para gobernar a este atribulado país.

Los ciudadanos vamos a percatarnos del extravío ideológico imperante en el mundo político. Alejado de atributos proféticos, es dable pronosticar que todas las proclamas tendrán un ingrediente común: combatir el presidencialismo, al que se le atribuye el origen de nuestros males. Esa es una bandera política levantada hace más de setenta años por los fundadores del PAN; pero ahora ha cobrado fuerza gracias al rampante ideario neoliberal que nos agobia, postulante de la necesidad de debilitar al Estado como fórmula mágica para lograr la felicidad paradisiaca de los mexicanos, asequible gracias al imperio de las fuerzas del mercado. Con el ardid de reducir los impuestos, los neoliberales son los ideólogos del “Estado Mínimo”, es decir, el Estado policía, el Estado incompetente.

Congruentes con esta filosofía política, a partir de 1983, los gobiernos de nuestro país comenzaron a rematar todos los bienes de las empresas públicas, patrimonio de la Nación; entregaron a los gobiernos estatales la responsabilidad de administrar los servicios educativos y de salud, con resultados negativos hartamente conocidos; y se empeñaron en debilitar el poder presidencial mediante el desprendimiento de facultades originariamente atribuidas al Ejecutivo, entregadas ahora a órganos administrativos “autónomos”. El Banco de México y la inminente creación de la Fiscalía, que exonera al presidente de la persecución de los delitos federales, cierran el círculo del confinamiento del poder presidencial. A este proceso se sumaron, con algarabía, el nuevo régimen penal acusatorio, el debido proceso penal y la sobreprotección a los derechos humanos. El saldo ya es reconocido: la impunidad de los criminales, el país convertido en un gigantesco cementerio clandestino, una sociedad proclive a la desobediencia de las leyes, una nación al garete, desprovista del reconocimiento internacional de antaño.

Si bien, los gobiernos nunca se significaron por su honradez, desde hace algunos lustros, la función gubernativa se ha convertido en un atroz negocio, generalizado y protegido en el mundo globalizado. La inmoralidad de los servidores públicos es, en el mundo de la globalización, un atributo de los gobiernos, amparada por los islotes de impunidad conocidos como paraísos fiscales,

Está ampliamente documentada que la nueva forma de gobernar solo ha conducido al estancamiento empobrecedor. Hace 35 años, la economía mexicana ocupaba el octavo lugar en el ranking mundial; hoy, ocupamos el lugar quince. El ingreso per cápita en México era dos veces superior al promedio mundial; ahora, estamos por debajo de la media internacional. Vamos como los cangrejos.

Ante esta tragedia nacional, los partidos políticos se solazan alborozadamente con el debilitamiento del Estado; lo festinan como el advenimiento de la democracia, cuando en realidad se ha estado consumando la inhumación del gobierno promotor y se ha dado nacimiento al gobierno contemplativo, al gobierno irresponsable.

En sus plataformas electorales, los partidos proponen preservar tal situación, de la cual han sacado provecho solamente las élites dirigentes y empresariales, en perjuicio del conglomerado social.

Nos quieren engañar con la ilusa pretensión de aumentar el gasto público mediante la administración honesta, sin tocar los ingresos ni la eficacia en la recaudación. Sin superar la crisis de las finanzas públicas, sin modificar radicalmente la política monetaria y sin utilizar la política comercial como instrumento de fomento agropecuario y manufacturero, el país seguirá paralizado, la miseria jamás será erradicada y la violencia criminal persistirá. El debate de fondo, por tanto, debe ser el papel del Estado.

Mi país no se merece proseguir transitando por el sendero exasperante del fracaso económico y de la pasividad gubernamental. Sigo creyendo que la democracia es la mejor manera de instituir gobiernos. Para legitimarse, sin embargo, los gobiernos electos deben comprometerse con el cumplimiento con el pacto social de donde proviene su mandato.

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