Tepic, Nayarit, martes 21 de mayo de 2019

Lo insólito

Oscar González Bonilla

06 de Enero de 2019

Asistí, como en muchas otras ocasiones lo he hecho, este miércoles 12 a la sesión pública de la actual 32 legislatura para atestiguar, sobre todo, la elección diputadil del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, sufragio mayoritario que recayó en favor de Máximo Muñoz de la Cruz.

Con antelación a este trascendental acontecimiento, al momento de leer periódicos que se editan en nuestra ciudad y algunos municipios de la entidad, me topé con un artículo de la autoría de Abisaí Barajas, experimentado periodista nuestro, de larga trayectoria en medios de comunicación escritos, hablados, alternativos y los que por allí aparezcan, donde daba por asentado que el enjuague estaba debidamente acordado para que el joven indígena huichol fuera electo defensor estatal de los derechos humanos, en su pieza periodística el reportero toma como base la estrecha relación que Máximo tiene con el matrimonio Echevarría-García.

El pronóstico no le falló. Fueron 26 los diputados, de 30, que votaron en favor de que Máximo Muñoz sea quien sustituya en el cargo a Guillermo Huicot Rivas Álvarez para el periodo 2018-2023. Previa entrega de boletas de votación uno por uno en su respectiva curul, los diputados se la metieron doblada al recipiente de vidrio colocado en sitio de la mesa directiva, para enseguida la diputada Marisol Sánchez desdoblarla para el cómputo final. Luego de minutos de espera, al anunciar el presidente mensual Eduardo Lugo López el nombre del ganador se soltó algarabía con salva de aplausos por parte de nutrido grupo de indígenas asistentes a la sesión.

Entre compañeros de oficio presentes en el lugar, comenté lo que recientemente un exdiputado local me dijo: “En legislaturas anteriores a la actual, con hegemonía priista en la presidencia, el voto para legisladores de oposición se cotizaba lo menos en 80 mil pesos”. Ah, eso fue antes; hoy esta legislatura no necesita de eso, respondió uno de ellos. Pues sí, los diputados que llegaron en alianza tienen la facultad de mayoritear. Sin embargo,  la práctica de otorgar dádivas a legisladores, sobre todo de la oposición, ha sido muy común de priistas en connivencia presidente del congreso-gobernador del Estado a cambio del voto cuando la aprobación de iniciativa que para este último es de vital importancia.

Mire usted lo que el boletín oficial sobre el funcionario electo reza:

“Maximino Muñoz de la Cruz, de origen indígena, es licenciado en derecho con especialidad en función ministerial; se desempeñó como agente del Ministerio Público especializado en asuntos indígenas y exhortos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit; fue defensor público adscrito a la Defensoría Pública Federal del Juzgado Primero de Distrito en Tepic y defensor público adscrito a la Defensoría Pública Federal del Juzgado Primero de Distrito de procesos penales federales”.

Por razón de mi actividad periodística me ha correspondido cubrir actividades legislativas desde que el arquitecto José Ramón Navarro Quintero fue presidente del Congreso del Estado (Décimo séptima legislatura 1972-1975), donde de nueve diputados sólo había dos de oposición: Raúl Rea Carbajal (PPS) y Gaudencio Machuca Martínez (PARM), los demás todos priistas.

En ese devenir he observado infinidad de acontecimientos legislativos, incluso connatos de violencia, así como discusiones que terminan a golpes, pues no hay debate más convincente. Pero lo que ocurrió en esta ocasión me parece insólito: la diputada perredista Erika Leticia Jiménez Aldaco (distrito electoral local VIII, por cierto mi distrito) se hizo acompañar de su menor hija en la curul durante desarrollo de la sesión pública que he venido comentando.

Me parece falta de respeto de la legisladora perredista al recinto oficial, habida cuenta que la Asamblea Legislativa es el órgano de mayor jerarquía del Congreso. Pero además la sala de sesiones está destinada a la ubicación única y exclusivamente a los diputados, por tanto sólo podrá tener acceso el personal del Congreso autorizado. Por ello, el presidente del Congreso del Estado deberá reconvenir a la legisladora para que lo anterior no vuelva a ocurrir.

Sin embargo, en el pasado reciente la sala de comisiones del edificio sede del Poder Legislativo de Nayarit fue utilizado por diputadas para la realización de una especie de baby shower. ¡A dónde vamos a parar!

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