Tepic, Nayarit, viernes 19 de abril de 2024

El maestro Omar Wicab le hace al “Tío Polo”

Salvador Mancillas

24 de mayo de 2020

De cara a la sociedad, a través de estas redes, hay que reconocer que lo que debería estar haciendo el profesor Omar Wicab, como todos los académicos universitarios ꟷentre los que me incluyoꟷ, es cumplir con lo que estipulan las leyes de educación: haciendo investigación, extensión y docencia, en lugar de estar perdiendo el tiempo en bizantinismos que pueden acarrear, sin embargo, consecuencias peligrosas para la vida universitaria.

No hay vuelta de hoja. Esa es nuestra responsabilidad fundamental, que (me avergüenza decirlo de cara a la sociedad) lo cumplimos muy fragmentariamente y con dudosa pertinencia.

Los trabajadores administrativos no tienen tanta bronca, porque sus actividades son adjetivas; pero nosotros sí, porque la carga de las graves actividades sustantivas está sobre nosotros, los profesores. La ley lo dice con claridad, a despecho de aquellos que las consideran ambiguas: “Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación ARMÓNICA y COMPLEMENTARIA” (Artículo 4 de la ley para la coordinación de educación superior).

Esa es nuestra tarea. La reforma de 2003 liderada por Javier Castellón tuvo como cometido esa exigencia: adecuar la realización de tales funciones sustantivas en relación con las complejas condiciones emergentes de la sociedad del conocimiento y de la información.

Lo que necesitamos ahora es cumplir con los compromisos asumidos ahí, no modificar la Ley Orgánica. No sólo eso. Hay que cumplir también con las leyes estatales, federales y constitucionales de educación, pues al respecto es necesario recordarle al maestro Omar que el cambio de Ley Orgánica de 2003 (que él promovió), tuvo dos bases fundamentalísimas: en primer lugar, tomó en cuenta las conclusiones del Documento Rector, que como secretario académico contribuyó a elaborar, y también ꟷobligadamenteꟷ se sujetó a las leyes educativas más generales: la del estado, la de coordinación general y, por supuesto, la Constitución.

Esto último lo aclara la propia ley orgánica vigente, en su artículo segundo: “La Universidad se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Nayarit, la legislación federal y estatal aplicables, la presente ley, el Estatuto de Gobierno, los reglamentos y demás disposiciones que regulen su régimen interno, expedidos por conducto de sus órganos competentes”.

Si vamos a esas leyes, la falacia de cambiarlas se derrumba sola.

En cuanto al supuesto “machismo” de la Ley Orgánica (argumento más ridículo no puede haber), su espíritu de equidad se refleja con impresionante detalle en el propio Documento Rector, apenas en el segundo párrafo:

“La innovación tecnológica y el papel preponderante del conocimiento, exigen hoy diferentes formas de ejercicio de las profesiones y de generación de información científico-técnica; y plantean, además, el tratamiento de nuevos temas humanistas fundamentales, tales como LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, entre otros”.

Lo que es indiscutible es que hay crear figuras internas para cumplir lo mejor posible con esas estipulaciones; pero eso es asunto de los universitarios, no de los poderes externos. ¿O hay que recordarle también al Estado sus responsabilidades para con la educación superior? Ahí está el artículo Once de la Ley de Coordinación de Educación Superior, y para no ir más lejos, el artículo Quinto de nuestra ley local, que prescriben la obligación de impulsar y subsidiar la educación superior, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Las leyes están más claras que el agua. La falacia de la ambigüedad tiene un obvio interés político. Lo que la sociedad debe saber es eso: que tanto el gobierno como los universitarios debemos cumplir con esas leyes para poder garantizar una formación de calidad para sus hijos. Si no cumplimos con la ley, entonces todos somos unos simuladores, universitarios y estado. No le hagamos al Tío Polo. (Febrero de 2019)

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