Tepic, Nayarit, jueves 28 de marzo de 2024

Autonomía plena a la PGR

Francisco Cruz Angulo

30 de septiembre de 2014

El Gobierno de la República presidido por Enrique Peña Nieto por medio del Congreso de la Unión dará un paso trascendental para la vida democrática de nuestro país cuando sea aprobada la reforma Constitucional que de total autonomía a la Procuraduría General de la República, esto es, que no sea una dependencia del Ejecutivo Federal.

Esta nueva figura constitucional se denominará Fiscalía General de la Nación y su titular estará en el cargo durante 9 años.

La autonomía de las procuradurías ha sido una vieja demanda de los partidos de izquierda desde hace décadas por considerarlas que no deben seguir siendo juez y parte en tanto que sus titulares son subordinados del Poder Ejecutivo mismos que las utilizan algunos gobernantes como instrumento represivo desvirtuando su naturaleza de procurar justicia a favor de los ciudadanos.

De acuerdo al proyecto de Reforma el Fiscal General de la Nación será designado por las tres cuartas partes del Senado de la República mediante una convocatoria pública de manera que el designado sea un profesional que se distinga por su capacidad profesional, probidad y que no sea militante de algún partido político.

Este hecho trascendental promovido por el Gobierno priista de Peña Nieto corre en paralelo con la reforma ya aprobada al nuevo sistema penal acusatorio por lo que la  procuración y aplicación de la justicia será pronta y expedita tal y como  lo señala nuestra Carta Magna.

Por otra parte se dice que de esa Fiscalía General de la Nación dependerá una fiscalía anticorrupción que será la responsable de aplicar una primera ley anticorrupción en contra de servidores públicos que cometan delitos en agravio del patrimonio público.

De aprobarse esta reforma en el Congreso de la Unión necesariamente tendrá que adecuarse al marco constitucional en cada uno de los Estados de la República mismas que serán un gancho al hígado a gobernadores que utilizan las fiscalías estatales o procuradurías como un aparato represivo en contra de líderes social eso políticos de partidos de oposición o en su caso es utilizado con fines  patrimonialistas.

No creo que ningún partido de oposición se oponga a esta reforma. Sería una mezquindad política…

ELECCIÓN EN EL PODER JUDICIAL

Hoy durante una asamblea plenaria de los magistrados del Poder Judicial del Estado será  electo el nuevo presidente magistrado de esa institución que fungirá durante los próximos 4 años según lo mandata su ley orgánica.

Trascendió en los círculos del Poder Judicial que su actual magistrado presidente Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto podría ser reelecto por un periodo más en virtud por su buen desempeño que ha generado cambios importantes en todo el aparato judicial cuyo propósito es hacer más pronta y expedita la aplicación de la justicia y con pleno respeto a los derechos humanos en la aplicación de la ley.

De igual manera recordemos que en una ponencia que presentó el Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto durante un foro de magistrados celebrado hace dos años en un estado del sur de la república hizo una propuesta en la cual se pronunciaba por la homologación de todos los códigos penales estatales de todo el país, misma que fue la base para que el Congreso de la Unión la votara a favor.

Por otra parte el Lic. Enríquez Soto ha sido un entusiasta y activo promotor de la instrumentación del sistema penal acusatorio en el cual su columna vertebral son los juicios orales.

Hasta donde conocemos su relación con el Poder Ejecutivo, Legislativo y la Fiscalía General del Estado ha sido de permanente coordinación en lo que tiene que ver con la procuración y aplicación de la justicia, sobre todo cuando Nayarit debe de seguir siendo la vanguardia en las reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto; y más aún cuando está en puerta la obligatoriedad de que se aplique en su totalidad el nuevo sistema penal acusatorio.

Tengamos confianza que prevalecerá la racionalidad profesional y no se imponga el interés grupuscular o político.

Lo anterior no quiere decir que otros magistrados del Poder Judicial del Estado posean los méritos suficientes para ocupar ese alto cargo.

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