Tepic, Nayarit, viernes 29 de marzo de 2024

El fuero constitucional

Sergio Mejía Cano

19 de Julio de 2016

La semana pasada se aprobó en el Congreso local del estado de Jalisco, una reforma política para quitar el fuero a los funcionarios y todo servidor público que hasta hoy se sirve de él blindándose para en caso de hacer algo indebido, escudarse en dicho fuero y no ser sancionado como todo ciudadano.

Sin embargo, todavía no es un hecho, porque falta que dicha reforma se apruebe, dentro de los primeros 30 días posteriores a la aprobación, por la mitad más uno de los municipios jaliscienses y es en donde algunos analistas prevén que podría haber algunas trabas por aquello de que algunos servidores públicos representantes de esos municipios se nieguen a perder una prebenda que han tergiversado absolutamente, porque para todo anteponen el dichoso fuero, así pregonen diariamente que “nadie por encima de la ley” y de que no hay ciudadanos de primera y de segunda, etcétera.

Se entiende que históricamente el fuero constitucional se estableció debido al asesinato del senador chiapaneco don Belisario Domínguez, por sus críticas al usurpador Victoriano Huerta; así que para evitar que los achichincles que nuca faltan y que por quedar bien con “el señor gobernante”, se abocan a castigar a quien osa criticarlo. De ahí que debido a ese homicidio perpetuado en la persona del senador Domínguez, se previó posteriormente que los legisladores tuvieran protección a través de un fuero constitucional para que no fueran sancionados por lo que dijeran o hicieran en tribuna y mucho menos acallar la expresión de sus ideas; pero se supone que al salir del recinto legislativo, pasan a ser ciudadanos con las mismas garantías, derechos y obligaciones del ciudadano común.

Se ha tergiversado tanto así el entendimiento de lo que es el fuero, que posteriormente se amplió, aparte de los diputados y senadores, a toda clase de funcionarios públicos, y tan así se ha desvirtuado este fuero que hasta algunos se sienten con el derecho de orinarse en la calle y clamar su fuero en caso de que les llegue manotas. Como el caso tan sonado que fue ventilado a través de un medio televisivo allá a principio de la década de 2000, cuando el señor Félix Salgado Macedonio era diputado federal por el PRD, y se lo balconeó una televisora sorprendiéndolo orinando en la vía pública, y en donde el legislador perredista se mostraba en evidente estado anormal por la forma de expresarse y no controlar de bien a bien el equilibrio, cosa que se puso más en evidencia porque en las imágenes al parecer trata de tirar un golpe al policía que está a su lado llamándole la atención y por poco y se va de boca al suelo de no ser porque lo evitan el mismo policía y una mujer que acompañaba al señor Salgado Macedonio, quien también arrastraba las palabras al hablar, y que le gritaba a los policías presentes, que don Félix era diputado y que tenía fuero, que no le podían hacer nada. Obvio que en este caso fue la señora en cuestión quien alegaba el fuero y no así el diputado Félix Salgado, porque a la mejor ni se acordaba o sabía en dónde estaba y lo que hacía en ese momento.

Y así por el estilo, se han documentado casos de políticos en funciones que hasta por ser detenidos manejando en estado de ebriedad alegan su dichoso fuero constitucional y se aprovechan de su cargo para no sufrir las consecuencias como cualquier hijo de vecino, como el caso del senador por el Partido Verde –dizque- Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, más conocido en el bajo mundo de la política como “el niño verde”, y quien gracias a que tramitó un amparo salió del mentado “torito”, y todo por ser senador. Cosa que para otro ciudadano se le hubiera hecho muy difícil hacer y más si no contara con recursos económicos, ya no digamos fuero constitucional.

En este sentido, al parecer algunos diputados y senadores se consideran una casta aparte, muy lejana a la ciudadanía de a pie, y eso que se supone que nadie está por encima de la ley y que el artículo 4º constitucional señala claramente que “El varón y la mujer son iguales ante la ley…”, y para nada dice que excepto funcionarios y servidores públicos, los que se cocinarán aparte o algo así, nada de esto dice. Así que se supone que al andar en la calle, los funcionarios que se protegen con el fuero constitucional, están o deberían estar expuestos a ser sancionados en caso de cometer algún ilícito o verse inmiscuidos en algún accidente en donde claramente sean los responsables, es decir, los causantes de algún accidente y que por lo mismo, tengan que ser detenidos.

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