El problema con la designación de Rodrigo Benítez como magistrado del Poder Judicial

El subfiscal Rodrigo Benítez Pérez encabeza la primera terna enviada por el gobernador Miguel Ángel Navarro al Congreso del Estado en un proceso que pretende simular que serán los legisladores quienes elijan a los dos nuevos integrantes del poder judicial. La verdad es que no es así. La mayoría de los legisladores, por lo menos los que pertenecen a la fracción parlamentaria de MORENA, del Verde Ecologista, del PT, Nueva Alianza y 3 integrantes de la asociación parlamentaria plural ya recibieron instrucciones desde palacio de gobierno de por quién deben emitir su voto durante la sesión de mañana jueves 21 de septiembre. Pretender formar parte de una institución que se encarga de impartir justicia y surgir de un proceso simulado no es el mayor de los problemas. 

Tampoco lo es el hecho de que, la terna encabezada por el gobernador contravenga la constitución local en su artículo 81, que establece la elección de magistrados al Poder Judicial obedeciendo un criterio de paridad que no están observando las dos ternas enviadas por el doctor Navarro. Actualmente, de las 13 magistraturas existentes, 9 son encabezadas por varones y tan solo 4 por mujeres. Si se observara la constitución que tanto el gobernador como los diputados prometieron guardar y hacer guardar en sus respectivas tomas de protestas, deberían regresar dichas ternas y solicitar el envío de dos nuevas, integradas tan solo por mujeres. Esto daría como resultado cambiar la composición del Poder Judicial a tener 7 varones y 6 mujeres en las magistraturas, lo que significaría alcanzar la tan anhelada paridad. Pero esto tampoco es lo más grave de la propuesta del Lic. Rodrigo como eventual magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Lo verdaderamente grave es la acción de entregarle a un solo hombre el control del aparato de búsqueda e impartición de justicia. Es bien sabido que la actual presidenta del tribunal, la licenciada Norma Alicia Haro Cruz, fue impulsada por Benítez Pérez primero, a la magistratura y luego a la titularidad del Poder Judicial ¿no es esto un control parecido al que ejercía Edgar Veytia durante el gobierno de Roberto Sandoval, cuando impulsaba magistrados y jueces que dictaran sentencias a modo de los intereses del entonces fiscal?

Y es que, guardando las distancias profesionales -la preparación académica del actual subfiscal no se cuestiona, como sí se cuestionaba el historial académico de Edgar Veytia-, Rodrigo Benítez nos recuerda mucho al exfiscal hoy detenido en Nueva York ¿se acuerda usted, amable lector, de cuando el titular de la procuraduría era el licenciado Germán Rodríguez, pero el que mandaba era el subprocurador Veytia? ¿no le recuerda a usted los tiempos recientes, donde el que ostenta el control de la fiscalía es Benítez, pese a que el titular de esta es Petronilo Díaz Ponce? 

Otro asunto que vale la pena señalar y sobre el cual ningún legislador le preguntó el día de hoy, durante la entrevista para determinar la idoneidad de su perfil -otra simulación con la que hay que cumplir-, es sobre las recientes detenciones de 5 funcionarios relacionados con la fiscalía general y que fueron acusados de entorpecer la investigación de personas desaparecidas. Si bien es cierto, 4 de estos acusados no trabajaron en el mismo periodo en el que el licenciado Rodrigo ha laborado en la fiscalía, sí lo hizo la licenciada Yayori Villasana, fiscal especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, a quien, sospechosamente, la fiscalía defendió hasta evitar a toda costa que se llegara a la etapa de interrogatorios más profundos. 

En el mismo sentido, destaca también un reportaje publicado por la valiente periodista Karina Cancino sobre la también sospechosa desaparición de pruebas que podían ayudar a la identificación de restos humanos encontrados, principalmente en una fosa clandestina cercana al aeropuerto de Tepic, conocida como “la fosa de los 21” por el número de restos humanos allí encontrados. Como lo acredita Karina, con la exhibición del oficio 0177/2019, donde el Lic. Walter López Briceño le da a conocer al entonces director general de investigación, Rodrigo Benítez Pérez, la entrega de los restos de prendas de vestir que servían no sólo como pruebas de identificación sino como evidencias en una investigación donde se sospecha de la intervención de policías estatales en la tortura y asesinato de personas. 

Los colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, desde hace tiempo han hecho pública su desconfianza respecto de la fiscalía general del estado. También han manifestado su temor a la misma institución, que ha perseguido a través de carpetas de investigación, a algunos de sus integrantes que resultan incómodos. Con estos elementos, si tuviéramos un congreso responsable e independiente, bastarían para regresar al gobernador las dos ternas enviadas por él, para su reconsideración o, cuando menos, no votar porque Rodrigo Benítez sea magistrado el día de mañana. Que no sea una designación que tenga como contexto el sospechosismo, ni la polémica provocada por la reciente intervención de la Fiscalía General de la República a la fiscalía local. 

Para los nayaritas, que ya hemos visto en menos de una década, magistrados presos por actos de corrupción, jueces involucrados de estar en contubernio con el exfiscal para la realización de despojos, un exfiscal detenido por crimen organizado, despojos y asesinatos, lo último que queremos es que la historia se vuelva a repetir. Ya lo decía Santayana, “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”.